Aunque la mayoría de los juicios siguen dirigidos a hombres, casi 740 mujeres enfrentaron demandas.
Por: El Mañana de Reynosa
Aunque la mayoría de los juicios por pensión alimenticia en Tamaulipas se abren contra hombres, datos del Poder Judicial Estatal muestran que casi 739 mujeres fueron demandadas por esta obligación entre 2024 y 2025.
De acuerdo con información oficial, en 2024 se radicaron cuatro mil 682 expedientes por juicios de alimentos y en 2025 descendió a cuatro mil 460 casos, lo que suma nueve mil 142 juicios en dos años relacionados con el incumplimiento de pensiones alimenticias.
De estos, el 91.61 % en 2024 y el 92.24 % en 2025 fueron contra hombres, lo que equivale a más de ocho mil 400 juicios concentrados en este grupo.
No obstante, el número de expedientes contra las madres de los menores, de casi 740, demuestra que las mujeres también son parte de esta problemática judicial, y que es un fenómeno que no distingue géneros, sino el derecho de los menores sin importar la separación de los padres.
Aunque estatísticamente predominan los hombres demandados, una proporción de mujeres también ha enfrentado demandas por incumplimiento de la responsabilidad alimentaria familiar.
Las sentencias de los jueces establecen que la obligación alimentaria no distingue género, sino necesidad y capacidad económica de cada una de las partes para que los menores gocen de una vida plena, tengan acceso a alimentos de calidad, educación, vivienda, ropa y calzado, así como acceso a espacios recreativos.
El Código Civil para el Estado de Tamaulipas define con precisión la obligación alimentaria y sus alcances, por ejemplo, el artículo 277 especifica que los alimentos comprenden “comida, vestido, habitación, atención médica, hospitalaria y, en el caso de menores, gastos de educación”.
Además, el artículo 281 establece que “los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos”, y en ausencia de éstos, otros parientes pueden asumir esa responsabilidad en función de su grado de parentesco.
El Código Civil también contempla un Registro de Deudores Alimentarios Morosos, donde se inscriben quienes incumplen sus obligaciones por más de 60 días tras orden judicial, con consecuencias que pueden afectar el crédito y otros derechos civiles.
Desde el ámbito penal, el Código Penal de Tamaulipas tipifica el “abandono de obligaciones alimenticias” como un delito, pues el artículo 295 señala que comete este delito quien, “sin motivo justificado, deje de proporcionar a su cónyuge, concubina o concubinario, o a sus hijos, los medios económicos o recursos necesarios para atender las necesidades de subsistencia”.
La pena por este delito, de acuerdo con el artículo 296, puede ir de uno a seis años de prisión, además de multas y privación de derechos familiares, y obliga al responsable a entregar lo adeudado.
Si el adeudo excede 60 días, el juez puede ordenar la inscripción en el registro de morosos.
