El auditor superior de Tamaulipas señala que el proceso de fiscalización abarcó cerca de 190 entes públicos, entre ellos funcionarios, de las Cuentas Públicas 2023 y 2024.
Por: El Mañana de Reynosa
La Auditoría Superior del Estado (ASE) ha impuesto 93 sanciones económicas a alcaldes y funcionarios públicos por incumplir en tiempo y forma con la solventación de observaciones derivadas de la revisión de cuentas públicas, confirmó el titular del órgano fiscalizador, Francisco Noriega Orozco.
Informó que el total de sanciones económicas impuestas asciende a alrededor de tres millones de pesos, aunque aclaró que el recurso efectivamente ingresado a las arcas estatales, a través de la Secretaría de Finanzas, es menor.
Algunos funcionarios han intentado frenar el cobro mediante amparos, señala el auditor.
“Lo que ya se ha integrado son aproximadamente 800 mil pesos por multas“, explicó.
El auditor explicó que el proceso de fiscalización abarcó cerca de 190 entes públicos de las Cuentas Públicas 2023 y 2024, cuyos resultados fueron dados a conocer inicialmente en febrero del año pasado y posteriormente sometidos a una etapa de solventación.
Detalló que, tras concluir ese procedimiento, todos los entes fueron notificados formalmente hasta el mes de octubre, dando paso a la integración de expedientes para su resolución final, que deberá hacerse pública en febrero de este año.
Noriega Orozco precisó que las sanciones económicas no necesariamente corresponden a un solo funcionario por ente fiscalizado, ya que existen casos de reincidencia, particularmente entre presidentes municipales.
En ese sentido, señaló que “estamos hablando de 93 sanciones aproximadamente, dentro de los cuales pueden repetir funcionarios; en el caso de un alcalde, ya ha pagado alrededor de tres o cuatro multas“.
El auditor explicó que, además de las multas administrativas, la ASE ha promovido alrededor de 70 denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), así como 18 expedientes ante el Tribunal de Justicia Administrativa.
En promedio, cada denuncia involucra a más de un servidor público, aseguró.
Detalló que la ley establece un rango de sanción que va desde los 12 mil hasta los 200 mil pesos, dependiendo de la gravedad de la falta y de si existe reincidencia.
Asimismo, reconoció que algunos funcionarios han intentado frenar el cobro mediante amparos, para que no se les ejecute el cobro por las irregularidades.
“Sí, uno de ellos se buscó ahí el amparo, pero la resolución no fue a favor de él”, indicó.
Las observaciones y sanciones corresponden principalmente a cuentas públicas recientes, como el ejercicio 2022, y generan consecuencias fiscales para los responsables.
Noriega Orozco advirtió que, en caso de no cubrir las multas, el adeudo se convierte en un crédito fiscal.
“Es un crédito fiscal que se va y que, cuando quiera buscar un crédito personal, le brinca ese adeudo; es un tema de buró”, sostuvo.
Sin embargo, reconoció que se les ha dificultado la localización de algunos funcionarios sancionados, quienes incluso se encontrarían en calidad de prófugos administrativos al evadir las notificaciones.
“A veces es muy complicado notificarles; no abren la puerta, reportan otros domicilios o se cambian, buscando que no se les notifique para que no inicien los procesos”, explicó.
