Alcaldes tienen 30 días para presentar a la Auditoría Superior del Estado documentos, facturas y libros contables para demostrar en qué gastaron 124.1 millones de pesos que no han sido comprobados
Exalcaldes y presidentes municipales en turno tienen cuentas pendientes con la Auditoría Superior del Estado (ASE), por no comprobar en qué se gastaron 124.1 millones de pesos.
De acuerdo con los informes individuales correspondientes a la Cuenta Pública del 2024, las Comapas y diversos institutos tienen 30 días para solventar con documentos, facturas y libros contables cómo ejercieron el recurso público, de lo contrario iniciarán los procesos ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC).
Al menos siete alcaldes que dejaron el cargo a finales de septiembre del 2024, le heredaron el problema financiero a sus sucesores.
Los informes detallan que las irregularidades detectadas corresponden a pagos sin justificar, conceptos que no están contemplados en el presupuesto aprobado, incumplimientos a la Ley de Disciplina Financiera, ajustes presupuestales sin sustento, así como inconsistencias en los procesos de adquisición de bienes y servicios.
La ASE, a través del auditor superior Francisco Noriega Orozco, advirtió que este tipo de prácticas se ha vuelto común en los municipios, donde se concentran sumas millonarias que no se logran comprobar por falta de documentación, mala administración de los recursos y ausencia de registros claros del flujo de dinero, observaciones que en la Cuenta Pública del 2023 ascendió a 11 mil 465 millones de pesos.
Entre los alcaldes que deben aclarar las inconsistencias de sus antecesores se encuentran Yazmín Alejandra Saldaña Pérez, de Aldama por 18.2 mdp; Evangelina Ávila Cabriales, de Antiguo Morelos con 1.4 mdp; Ernestina Perales Ortiz, de Camargo por 40.5 mdp; Manuel Báez Martínez, de Jaumave con 4.3 mdp.
Así como Adriana Hinojosa Ibáñez de Mier por 6.1 mdp; René Lara Cisneros, de Tula 3.2 mdp; y Martha Patricia Chio de la Garza, de El Mante con 12.3 mdp. Todas las observaciones corresponden a las Comapas de esos municipios, con excepción a Mante que obedece a recurso que manejó el DIF.
La ASE fue clara al señalar que “los trabajos de auditoría se practicaron sobre la información preparada y proporcionada por la entidad sujeta de fiscalización, de cuya veracidad y contenido es responsable”.
El órgano fiscalizador otorgó un plazo de 30 días para que las actuales administraciones presenten las pruebas necesarias que respalden el uso de los recursos o, en caso contrario, se procederá a iniciar procesos administrativos y, de ser necesario, denuncias ante las autoridades judiciales.
