Los afectados enfrentan amenazas y demandas de desalojo, derivadas de la desaparición de la constructora que les vendió las viviendas, señala Alfredo Castro Olguín
Por: El Mañana de Reynosa
Decenas de familias de escasos recursos viven en constante zozobra ante lo que califican como un presunto mega fraude millonario cometido por constructoras, inmobiliarias y fraccionadores involucrados en la compraventa de viviendas desde el año 2003 en la colonia Integración Familiar, al oriente de la ciudad.
Los afectados aseguran que enfrentan amenazas y demandas de desalojo, derivadas de la desaparición de la constructora que originalmente les vendió las viviendas, de la operación de inmobiliarias “fantasma”, del contubernio con autoridades municipales, y de la creación de nuevas empresas que compran “cartera vencida” sin reconocer los derechos adquiridos por los compradores originales.
Alfredo Castro Olguín informó que las personas afectadas que estén interesadas recibirán orientación y asesoría jurídica.
Ante esta grave situación social, el abogado Alfredo Castro Olguín informó que ya comenzó a recibir denuncias de las familias afectadas y que brindará asesoría, orientación y acompañamiento legal permanente a quienes lo soliciten en su despacho, tal como lo ha hecho en otros casos de presunto fraude inmobiliario.
Una de las aristas más graves de esta problemática es que muchas de las familias adquirieron sus viviendas con la esperanza de obtener un patrimonio digno. En su momento, el constructor inicial ofreció bonos de hasta 50 mil pesos a quienes firmaran contratos en UDIs, pero desapareció inexplicablemente, dejando a los compradores en una situación de indefensión.
Actualmente, los afectados temen perder sus hogares, ya que empresas que compraron la cartera vencida los amenazan con desalojos masivos, a pesar de haber cumplido con sus pagos durante más de dos décadas.
“Nos están cobrando desde cero, sin reconocer los pagos que hemos hecho con tanto sacrificio durante más de 20 años“, denunciaron los vecinos, quienes señalan directamente a las empresas ARSO y otras inmobiliarias como responsables de intentar despojarlos de su patrimonio familiar.
Los habitantes de la colonia solicitaron la urgente intervención del Gobierno del Estado de Tamaulipas, ante lo que consideran un acto de injusticia y abuso que podría dejarlos sin techo.
Por su parte, el abogado Castro Olguín precisó que las familias que compraron sus viviendas hace más de 20 años tienen derecho a defender legalmente su patrimonio, y que por la vía jurídica pueden recurrir al amparo para detener los desalojos.
“A los casos que he recibido les estoy dando trámite en busca de una solución legal. Voy a apoyarlos hasta las últimas consecuencias, porque estas amenazas de desalojo son totalmente injustas”, afirmó el abogado, quien atiende en su despacho ubicado en Bulevar Inglaterra 731, colonia La Cañada, donde continúa recibiendo quejas y documentos de los afectados.
Los denunciantes aseguran que originalmente adquirieron sus casas a la constructora C.G., S.A. de C.V., la cual desapareció tiempo después, y que ahora nuevas empresas reclaman la propiedad sin reconocer los pagos realizados, situación que ha sido calificada por el abogado y los propios afectados como un fraude millonario en perjuicio de familias trabajadoras.
