Proyectan reformar la Ley de Salud para que esos prestadores de servicios no lucren con la obtención de permisos sanitarios
Por: El Mañana de Reynosa
En el marco de la celebración del Día de Muertos, el Congreso local dio entrada a una iniciativa que busca frenar presuntos actos de corrupción y cobros excesivos de funerarias en Tamaulipas, aprovechando el estado de vulnerabilidad de las familias.
El documento refiere que las empresas cobran montos excesivos por tramitar permisos sanitarios, por lo que se busca reformar la Ley de Salud Estatal para prohibir expresamente que los prestadores de servicios funerarios actúen como intermediarios en los trámites oficiales de inhumación, cremación y traslado de cadáveres ante la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS).
La propuesta, presentada por el diputado Alberto Moctezuma Castillo refiere que “durante la tramitación para la obtención de los permisos sanitarios se han identificado una práctica recurrente en la que las funerarias actúan como intermediarias ante la COEPRIS, gestionando dichos permisos a nombre de los familiares“.
Esta práctica ha derivado en “abusos económicos“, ya que algunas funerarias imponen cargos excesivos y lucran con los familiares ante la necesidad del permiso, cuando éste oscila en los mil 113 pesos, y les terminan cobrando hasta cinco mil pesos a las familias.
“Quienes tramitan dicho permiso lo quintuplican y lo incluyen como servicio propio de la funeraria, realizando prácticas corruptas y lucrando con el dolor de las familias”.
La iniciativa destaca que el fallecimiento de un ser querido no solo representa un golpe emocional, sino también una carga económica.
Según datos citados de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), los gastos funerarios que incluyen ataúd, cremación, velación, traslado e inhumación pueden alcanzar hasta los 40 mil pesos, y además registran “un aumento del 5 por ciento anual”.
El legislador señala que este tipo de gastos “no son previstos” por la mayoría de las familias, por lo que muchas veces deben recurrir a sus ahorros o incluso endeudarse para cubrirlos.
En ese contexto, los cobros indebidos por trámites sanitarios “agravan la situación de vulnerabilidad económica” de quienes enfrentan una pérdida.
La iniciativa propone adicionar el artículo 121 Bis y reformar el artículo 156 de la Ley de Salud estatal, y con ello, se establecería que “los establecimientos como funerarias, casas de velación y demás prestadores de servicios funerarios, no podrán gestionar, tramitar, ni cobrar, por la obtención de permisos sanitarios“.
Y que esos trámites deberán realizarse directamente por los familiares o representantes legales ante la autoridad competente, ya sea de forma personal o por medios electrónicos.
En caso de incumplimiento, las funerarias que realicen dichos trámites podrían ser sancionadas con multas de 169 mil, hasta el millón 131 mil pesos, según lo dispuesto en la propuesta de modificación al artículo 156.
Moctezuma Castillo argumentó que su iniciativa “responde también al principio de dignidad humana” y a la obligación de las autoridades sanitarias de “garantizar el costo justo por este tipo de permisos y controlar tanto el servicio funerario como el trámite oficial”, en beneficio de los ciudadanos.
De aprobarse, el decreto entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, y la Secretaría de Salud tendría un plazo máximo de 90 días naturales para emitir los lineamientos necesarios para su aplicación.
