Un buque interceptado en el puerto de Tampico dejó al descubierto el traslado ilegal de combustible, facturado como aditivos para aceites lubricantes
El Juzgado Décimo de Distrito en el estado negó la suspensión definitiva solicitada por la empresa Intanza, que buscaba frenar el decomiso de 10 millones de litros de combustible ilegal, asegurado por autoridades federales el pasado 19 de marzo en el puerto de Tampico.
El fallo se da en el expediente 300/2025, relacionado con uno de los operativos más grandes contra el tráfico ilícito de hidrocarburos en el país.
La resolución judicial refiere: “PRIMERO. SE NIEGA la suspensión definitiva. SEGUNDO. Como está ordenado en el considerando último, entréguese copia autorizada de esta resolución interlocutoria a la parte que lo solicite”, establece el documento emitido por el tribunal federal.
- La operación, encabezada por la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), logró el aseguramiento de 10 millones de litros de diésel, 192 contenedores, 23 tractocamiones con remolque y seis sin remolque, tres camionetas tipo pick-up, equipos de cómputo y documentación diversa y un buque interceptado, el “Challenge Procyon”, con dos armas cortas, 84 cartuchos y otros materiales.
Las acciones se desarrollaron en el puerto de Tampico y en dos predios del municipio de Altamira: uno ubicado en el camino antiguo a Medrano y otro en el libramiento del ejido Ricardo Flores Magón.
Según la investigación, el diésel fue importado de Texas y camuflado como “aditivos para aceites lubricantes”. El buque involucrado, “Challenge Procyon”, llegó al puerto con la carga declarada como aditivo, pero fue interceptado tras labores de inteligencia que revelaron la operación irregular.
Por su parte, la empresa Intanza promovió el juicios de amparo 300/2025, en el que alega que el decomiso fue injustificado, ya que el producto estaba facturado y contaba con pedimento de importación con fecha del 18 de marzo.
A través de su defensa legal, Intanza asegura que fueron 5 millones 460 mil galones los retenidos, por lo que responsabilizó al Gobierno federal por medio de la Aduana de Tampico por retener combustible amparado con documentos legales, sin que existiera una orden judicial previa.
Sin embargo, el juez negó su solicitud de suspensión definitiva, lo que impide que recuperen el producto mientras continúa el litigio.
En un comunicado oficial, el Gobierno de México subrayó que el aseguramiento fue resultado de un trabajo coordinado de inteligencia, con el objetivo de desarticular redes del crimen organizado y proteger el patrimonio energético del país.
