El gobierno estatal busca recaudar más, pero eligió un camino incómodo: aumentar cincuenta por ciento la tasa aplicada actualmente sobre honorarios profesionales independientes en Tamaulipas.
Pasar del dos al tres por ciento puede parecer un punto adicional, pero proporcionalmente significa elevar a los contribuyentes exactamente la mitad de su carga.
La propuesta corresponde al diputado morenista Isidro Vargas y todavía necesita recorrer el proceso legislativo; por ahora representa una iniciativa, no una obligación fiscal vigente.
El argumento oficial resulta conocido: fortalecer ingresos propios para financiar seguridad, salud, educación, infraestructura y servicios que Tamaulipas necesita sostener con recursos estatales adicionales disponibles.
El problema aparece cuando mejorar las finanzas públicas significa comenzar por quienes trabajan independientemente, pagan impuestos, enfrentan gastos profesionales y además absorben una economía debilitada.
Abogados, médicos, contadores, arquitectos, consultores y otros profesionistas independientes no reciben nómina garantizada; sus ingresos dependen directamente del trabajo que consigan cada mes realmente hoy.
Muchos pagan renta, empleados, combustible, servicios, seguridad social privada, herramientas y obligaciones federales; agregar otra carga estatal inevitablemente reduce todavía más su margen económico disponible.
El cálculo legislativo estima recaudar 72 millones 654 mil pesos durante 2027, aproximadamente 24 millones adicionales respecto de los 48 millones previstos para este año.
Para las finanzas estatales, veinticuatro millones pueden representar oxígeno presupuestal; para cientos de profesionistas, significan simplemente otra mordida sobre ingresos que ya llegan presionados mensualmente.
Ahí debería comenzar la discusión seria: antes de subir impuestos, el Estado tendría que demostrar cuánto ha mejorado su eficiencia recaudatoria y reducido gastos prescindibles.
También debería explicar cuánto cuesta cobrar este impuesto, cuánto se evade y qué resultados producirían mejores controles antes de elevar directamente la tasa vigente estatal. La iniciativa menciona subdeclaración, omisiones y fragmentación de operaciones. Si existen evasores, corresponde fiscalizarlos; cargar adicionalmente sobre quienes cumplen no resuelve necesariamente ese problema estructural.
Comparar Tamaulipas con Nuevo León, Chihuahua, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa o Yucatán tampoco basta; cada economía regional posee ingresos y condiciones diferentes entre sí.
Copiar una tasa existente en otras entidades no demuestra que sea adecuada para Tamaulipas ni que sus profesionistas puedan absorberla sin consecuencias económicas adicionales inmediatas.
El gobierno necesita recursos, ciertamente. Pero también necesita sensibilidad económica cuando hogares, pequeños despachos y trabajadores independientes enfrentan costos crecientes y consumo todavía débil localmente.
Un impuesto puede parecer pequeño desde el escritorio legislativo, pero acumulado con obligaciones federales, renta, nómina y servicios termina modificando decisiones de contratación e inversión.
Además existe costo político: cuando un gobierno promete bienestar y aumenta cargas, necesita explicar con enorme claridad por qué ese sacrificio resulta realmente indispensable ahora.
Morena tiene mayoría suficiente para impulsar reformas fiscales, pero esa fuerza legislativa exige responsabilidad para escuchar sectores afectados antes de modificar sus obligaciones tributarias actuales.
El debate no debería reducirse a recaudar veinticuatro millones más. La pregunta es cuánto daño puede producir obtenerlos de quienes generan servicios, empleos y actividad.
Subir impuestos siempre es sencillo sobre una hoja presupuestal. Lo difícil será explicar al profesionista tamaulipeco por qué debe pagar más cuando vive económicamente apretado.
Lo qué Isidro Vargas, con seguridad ya lo vió, de aprobarse este impuesto, va llegar en el 2027, en un año donde las facturas se cobran en las urnas.
