La Fracción Parlamentaria de Movimiento Ciudadano presentó una iniciativa para reformar la Ley de Movilidad de Tamaulipas y establecer descuentos obligatorios en las tarifas del transporte público de pasajeros, dirigidos a sectores de la población que enfrentan mayores dificultades económicas.
La propuesta, impulsada por la bancada de la que forma parte el diputado Juan Carlos Zertuche, del Movimiento Ciudadano, contempla beneficiar a personas adultas mayores, estudiantes, personas con discapacidad, mujeres embarazadas y ciudadanos en situación de rezago social.
¿Qué sectores se beneficiarán con la reforma?
El proyecto legislativo establece que el Gobierno del Estado deberá determinar los montos de las tarifas preferenciales, tomando en consideración las condiciones técnicas y económicas del servicio, con la obligación de que sean inferiores a la tarifa general.
Asimismo, plantea que los concesionarios y prestadores autorizados del transporte público apliquen directamente los descuentos al momento de cobrar el pasaje, siempre que los usuarios acrediten su condición de beneficiarios.
Acciones de la autoridad para facilitar el acceso al transporte
La iniciativa busca que el costo del transporte no represente una barrera para asistir a clases, acudir a consultas médicas, trasladarse a los centros de trabajo o realizar actividades cotidianas. También propone mecanismos accesibles para acreditar el derecho a las tarifas reducidas, difundir los requisitos entre la población y establecer medidas de supervisión para verificar que los transportistas cumplan con las disposiciones.
Otro de los puntos establece que los descuentos o gratuidades que actualmente resulten más favorables para los usuarios deberán mantenerse, sin que la eventual reforma represente una disminución de los beneficios existentes.
Detalles confirmados sobre la propuesta legislativa
El planteamiento contempla, además, que el Poder Ejecutivo pueda incorporar otros grupos de beneficiarios mediante criterios objetivos. Con esta iniciativa, Movimiento Ciudadano busca que las tarifas preferenciales queden expresamente establecidas en la legislación estatal y no dependan de acuerdos particulares con los concesionarios. La propuesta deberá continuar su trámite legislativo antes de que los descuentos puedan adquirir carácter obligatorio.
