CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) debe atender la orden de un juez y entregar los archivos relacionados con las violaciones a derechos humanos cometidas de 1965 a 1990, derivado de un amparo promovido por una víctima indirecta del periodo conocido como Guerra Sucia.
"La Secretaría de la Defensa tiene que responder ante esta petición del juez y con los colectivos de desaparecidos de aquella época, particularmente Eureka, se está trabajando en tres sentidos, el primero es el reconocimiento como tal del Estado Mexicano, que no se ha reconocido la desaparición forzada de aquella época, provocada, ordenada desde las más altas esferas del poder", declaró.
Acciones de la autoridad
Durante la conferencia matutina de este jueves 15 de octubre, la mandataria aseguró que se trabaja con la Defensa, la Fiscalía General de la República (FGR) y la subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob) para apoyar a los familiares de las víctimas en este periodo.
De acuerdo con la organización Artículo 19, en agosto de este año, un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa determinó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) ha sido omisa en su obligación de transparentar y entregar los expedientes militares de la llamada "Guerra Sucia" y reconoció que para dar debido cumplimiento a esta obligación se requiere la creación de una Comisión imparcial de transparencia de archivos.
Detalles confirmados
En Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo condenó las desapariciones forzadas cometidas en los gobiernos de Gustavo Díaz Ordaz (1964–1970), Luis Echeverría Álvarez (1970–1976), José López Portillo (1976–1982), Miguel de la Madrid (1982–1988) y Carlos Salinas de Gortari (1988-1994). En ese sentido, destacó que se ha reunido con organizaciones civiles que buscan justicia.
"Me he reunido, yo creo que cuatro veces con Eureka, que es el colectivo de donde era parte doña Rosario. La Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo un documento muy completo de ese periodo lamentable de la historia de México, donde se utilizaba la desaparición forzada contra personas que pensaban distinto o que incluso habían optado por la guerrilla, pero que en todo caso, su tratamiento no debería de haber sido nunca la desaparición, si habían cometido un delito, pues proceder dentro de la ley", indicó.
La mandataria federal reiteró que debe haber un reconocimiento de todos los actos que se cometieron contra civiles, así como verdad y justicia para las víctimas de desaparición forzada. Informó que la fiscal general, Ernestina Godoy, asignó a personal para que se investigue la Guerra Sucia, mientras que el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, trabaja en cumplir las recomendaciones de la CNDH.
"Ernestina Godoy puso a un fiscal a Raúl (Jiménez Vázquez) un nuevo fiscal en esa fiscalía, que es un hombre con mucha sensibilidad social, política, ha sido un luchador social para poder atender esta fiscalía particular de víctimas de desaparición de la Guerra Sucia y Arturo Medina ha estado trabajando con ellos en las recomendaciones que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos", explicó.
En agosto, las organizaciones Artículo 19 y Centro Prodh informaron que se concedió el amparo a Alicia de los Ríos Merino, quien busca a su madre, del mismo nombre, desaparecida desde 1978. Acusaron que el Ejército obstaculizó la consulta de la información, "alteró y ocultó cajas previamente identificadas y finalmente negó el acceso a documentación relevante".
Frente al incumplimiento de la Defensa, en noviembre de 2023, Alicia de los Ríos Merino promovió un juicio de amparo para detener la opacidad y garantizar la preservación y el acceso a la documentación.
