Se trata de uno de los fallos más severos emitidos en Baja California en lo que va del año por violencia de género en México.
TIJUANA, BC.- A
122 años y 10 meses de prisión fue sentenciado
Sergio Daniel "N", responsable del
feminicidio de
Paola Bañuelos. Se trata de uno de los fallos más severos emitidos en
Baja California en lo que va del año por
violencia de género en México.
¿Cómo ocurrió el feminicidio de Paola Bañuelos?
La resolución fue emitida en
Mexicali durante la audiencia de individualización de sanciones, donde el juez acreditó plenamente la
responsabilidad penal del acusado por los delitos de
feminicidio y
desaparición agravada. La pena acumulada incluye décadas de prisión por cada delito, además de sanciones económicas y una
reparación del daño superior al millón de pesos en favor de la familia de la víctima.
El caso provocó una fuerte
movilización social desde 2024 cuando
Paola Andrea fue reportada como desaparecida tras abordar un vehículo de plataforma digital durante la madrugada. Días después, su cuerpo fue localizado en una zona rural, lo que detonó protestas y exigencias públicas de justicia que se mantuvieron durante todo el proceso judicial.
Acciones de la autoridad tras el feminicidio
En la audiencia, familiares de la joven presenciaron la lectura de la sentencia, que cierra una etapa legal marcada por peritajes, testimonios y seguimiento mediático nacional, se informó. Además, el tribunal comprobó la gravedad de los hechos y la necesidad de imponer una sanción ejemplar frente a la
violencia extrema contra mujeres.
La gobernadora
Marina del Pilar Ávila Olmeda afirmó que la sentencia representa un mensaje claro de que los
feminicidios no quedarán impunes, y reiteró que el estado mantendrá una postura firme para garantizar justicia a las víctimas, fortaleciendo la coordinación institucional y la atención especializada en delitos de género.
Impacto en la comunidad tras la sentencia
La condena coloca este proceso entre los más relevantes en materia de
justicia penal reciente en el norte del país, y reabre el debate sobre la responsabilidad institucional, la
seguridad de las mujeres y la necesidad de sentencias contundentes.