WESLACO, Texas.- La ciudad de Weslaco está solicitando a la oficina del Fiscal General de Texas que le permita retener ciertas secciones del informe policial sobre los dos bomberos que fallecieron a finales de octubre.
El 28 de octubre, el Departamento de Policía de Weslaco informó que estaba investigando las muertes del teniente Juan "Johnny" Peña, de 43 años, y de Julia Divine Rocha, de 21 años, quienes fallecieron en lo que el departamento describió en ese momento como un "incidente fuera de servicio".
Dos días después, el 30 de octubre, el juez de paz del precinto 1, Pl. 1 Gilberto Saenz, proporcionó información adicional sobre las muertes: Peña fue declarado muerto primero alrededor de las 8:30 a. m., y luego Rocha aproximadamente a las 8:47 a. m., después de que ambos fueran trasladados al Centro Médico Knapp a las 7:46 a. m. tras ser encontrados inconscientes el 28 de octubre.
Saenz proporcionó esa información, que se asemejaba a un comunicado de prensa, en respuesta a una solicitud de información pública.
Además de solicitar una opinión a la fiscalía general, Weslaco proporcionó información básica que indicaba que la investigación sobre las muertes de Peña y Rocha se cerró el viernes 13 de noviembre, al no encontrarse pruebas de que se hubiera cometido ningún delito.
Un portavoz del Departamento de Policía de Weslaco dijo que la investigación determinó que las muertes fueron accidentales, y que la causa identificada fue una intoxicación por monóxido de carbono.
"Agradecemos la paciencia y la comprensión del público, ya que las investigaciones que involucran la pérdida de vidas requieren tiempo, un examen exhaustivo y coordinación para garantizar que las conclusiones se establezcan con precisión", indicó el comunicado del departamento. "Nuestros pensamientos y más sentidas condolencias están con sus familias, compañeros bomberos y todos los afectados por esta trágica pérdida".
Una vez finalizada la investigación del departamento, los resultados se han remitido a la oficina del perito forense para la elaboración del informe final, según informó el portavoz.
Según el asesor legal de la ciudad, Ben Castillo, el informe del departamento de policía sobre las muertes consta de 15 páginas que contienen anexos narrativos correspondientes al período comprendido entre el 2 y el 13 de noviembre, en los que los investigadores describen las pruebas recogidas, los dispositivos electrónicos y los datos examinados, el testimonio de los testigos y las conclusiones de los investigadores.
"Nadie fue arrestado ni acusado, y la investigación no resultó en una condena ni en una suspensión del juicio", escribió Castillo en la carta en la que solicitaba la opinión del Fiscal General.
La ciudad busca proteger la información amparándose en el derecho consuetudinario a la privacidad, ya que la investigación contiene los testimonios de dos personas que describen su relación personal pasada con Peña, así como los trámites de divorcio de Peña y los acuerdos de custodia de sus hijos menores.
«Dos testimonios describen la relación personal que esta persona mantuvo con él, su convivencia, el fin de la relación y un asunto médico que la involucró», indicaba la carta. «Ella no es funcionaria pública, y el informe no la identifica como sospechosa ni como testigo de los sucesos del 27 y 28 de octubre».
La ciudad afirmó que pretende excluir esos fragmentos de la investigación en su totalidad porque la persona podría ser identificable a partir del contexto.
Castillo escribió además que el público "no tiene ningún interés legítimo en esta información, que no guarda relación con la forma en que la ciudad o el Departamento de Policía de Winnipeg respondieron al incidente".
Debido a que el informe también describe los cuerpos de los fallecidos, su estado físico y la manera en que fueron encontrados y retirados de la residencia, Castillo dijo el miércoles 17 de noviembre que la ciudad está notificando a las familias de Peña y Rocha sobre la solicitud de información pública y su derecho a presentar comentarios a la oficina del Fiscal General.
"Las familias pueden alegar un interés de privacidad en estas u otras partes del Anexo B, y la Ciudad solicita a esta oficina que considere cualquier comentario que presenten", escribió Castillo.