Congreso de Tamaulipas acepta iniciativa de reforma al Código Penal para sancionar con prisión a hijos que no otorguen pensión a sus padres cuando sean adultos mayores

Por: El Mañana de Reynosa
Los hijos que no pasen pensión a sus papás podrían ser denunciados por abandono de obligaciones, luego que en Congreso de Tamaulipas dio entrada a una reforma al Código Penal Estatal para sancionar hasta con seis años de cárcel a quienes cometan ese delito.
Se propuso reformar el artículo 295, la cual propone sancionar hasta con seis años de cárcel a los hijos que incumplan con el deber de otorgar pensión alimenticia a sus padres.
La iniciativa fue presentada por la diputada local de Morena, Magaly Deándar Robinson, y tiene como objetivo subsanar una omisión legal que, actualmente, deja en estado de indefensión a adultos mayores y a hijos mayores de edad que continúan estudiando, pese a que el Código Civil estatal sí reconoce su derecho a recibir alimentos.
La responsabilidad alimentaria debe entenderse como un principio básico de justicia social y dignidad humana. Con esta reforma, seguimos construyendo un Tamaulipas más equitativo, solidario y con oportunidades para todos”. Magaly Deándar Robinson Diputada
De acuerdo con el marco legal vigente, el término “alimentos” no se limita únicamente a comida, sino que abarca todos los recursos necesarios para una vida digna, esto incluye vivienda, atención médica, educación, vestido, transporte y esparcimiento, entre otros elementos fundamentales para la subsistencia humana.
La legislación civil reconoce que la obligación alimentaria surge de la relación familiar, siendo recíproca entre padres e hijos, cónyuges y concubinas, no obstante, la legislación penal estatal actualmente tipifica como delito el abandono de obligaciones alimentarias solo en casos limitados, dejando sin sanción penal el incumplimiento hacia padres o hijos estudiantes mayores de edad.
El artículo 282 del Código Civil de Tamaulipas establece el derecho de los padres a recibir alimentos de sus hijos cuando estos los necesiten; de igual forma, el artículo 288 señala que los hijos mayores de 18 años que aún cursen estudios tienen derecho a recibir alimentos hasta la conclusión de su carrera profesional.
Sin embargo, el Código Penal en su redacción actual no contempla sanciones para quienes incumplen estas disposiciones, generando un vacío legal que impide proceder penalmente contra quienes abandonan dichas obligaciones.
“La falta de homologación entre el Código Penal y el Código Civil genera vacíos legales que permiten la impunidad en casos de abandono de obligaciones alimenticias, afectando la calidad de vida de adultos mayores y jóvenes en formación académica”, puntualiza la iniciativa.
La reforma propuesta busca incorporar en el artículo 295 del Código Penal la protección explícita a los padres y a los hijos estudiantes mayores de edad como sujetos con derecho a recibir alimentos.
De aprobarse, los infractores podrían enfrentar penas de hasta seis años de prisión, conforme a los lineamientos establecidos para este delito.
Esta medida legislativa también pretende fortalecer la responsabilidad familiar, promoviendo una distribución justa del apoyo económico dentro del núcleo familiar, y estableciendo consecuencias claras para quienes incumplan con esta obligación.
“Se generará un impacto positivo en la economía de muchas familias tamaulipecas que dependen de los alimentos proporcionados por sus parientes, previniendo situaciones de desamparo y precariedad económica”, argumenta el documento.
La diputada Deándar enfatizó que esta propuesta busca erradicar la impunidad en el incumplimiento de obligaciones alimenticias y garantizar a las víctimas, adultos mayores y jóvenes estudiantes, el acceso a la justicia de manera oportuna.
Asimismo, se espera que esta modificación fomente la solidaridad intergeneracional y reduzca la pobreza, al garantizar que ningún adulto mayor o estudiante quede sin el apoyo económico que por ley le corresponde.
“Medidas como ésta buscan garantizar el Estado de derecho, asegurando que las normas penales sean aplicadas de manera justa y equitativa para todos los tamaulipecos”.