La magnitud de los siniestros forestales en el estado ha generado que los legisladores analicen reformar el Código Penal para aumentar las penas para los causantes del daño ambiental
Luego de las múltiples emergencias provocadas por incendios forestales en diferentes regiones de Tamaulipas, el Congreso local alista una reforma para aplicar sanciones más severas a quienes provoquen siniestros que atenten contra el medio ambiente, la vida de las personas y el patrimonio estatal.
El diputado local del partido Morena, Francisco Hernández Niño, confirmó que la iniciativa está actualmente en análisis para modificar el Código Penal de Tamaulipas.
Se buscará incrementar las penas de prisión de siete a 10 años, así como imponer multas de hasta 300 Unidades de Medida y Actualización (UMAS) a quienes sean responsables de incendiar pastizales o zonas forestales, que se traduce a una sanción de 33 mil pesos 942 pesos.
El legislador explicó que la reforma busca homologar las sanciones estatales con las federales, ya que mientras la ley federal contempla penas de tres a 10 años, en Tamaulipas el castigo máximo actualmente es de 7.
“Lo que se pretende es evitar que estos delitos sean castigados únicamente con sanciones administrativas o multas económicas. No podemos permitir que por medio de pagos se eluda la responsabilidad penal por dañar el patrimonio ambiental”, afirmó.
Hernández Niño calificó el ecocidio como un crimen que debe ser reconocido a nivel nacional e internacional, pues implica daños graves y permanentes al entorno natural, poniendo en riesgo no sólo la flora y fauna, sino también la vida de las personas que habitan cerca de las zonas afectadas.
Sin tomar en cuenta que actualmente Tamaulipas no tiene un sistema que le permita monitorear la calidad del aire en las diferentes regiones de la entidad, ya que los dispositivos no se encuentran activos.
La preocupación por este tema ha crecido, luego de que en las últimas semanas se han registrado incendios en los municipios de Nuevo Morelos, Antiguo Morelos, Ocampo, Miquihuana, El Mante, González, Aldama, Tampico, Madero, Ciudad Victoria, Jiménez y Güémez.
La magnitud de estos siniestros ha obligado a la intervención de autoridades federales, estatales y municipales, quienes han desplegado brigadas y operativos de emergencia para controlar el fuego y evitar mayores daños.
El legislador mencionó que la situación es tan grave, que tan sólo el sábado 15 de marzo, el día en que el gobernador Américo Villarreal Anaya rindió su Tercer Informe de Gobierno, se registraron siete incendios en distintas localidades. Por ello, el mandatario estatal ordenó una investigación exhaustiva ante sospechas de que algunos de estos siniestros podrían haber sido provocados de manera intencional.
“Estamos hablando de un problema que va más allá del daño inmediato; son afectaciones a largo plazo para los ecosistemas, la calidad del aire, los recursos hídricos y la seguridad de las comunidades. No podemos permitir que siga ocurriendo sin que haya consecuencias ejemplares”, añadió Hernández Niño.
Finalmente, el diputado reiteró que desde el Congreso local se impulsará esta reforma para evitar que los responsables de estos actos evadan la prisión con acuerdos económicos y, al mismo tiempo, generar conciencia sobre la gravedad de provocar un incendio.
“El mensaje debe ser claro: quien dañe el medio ambiente, pagará con cárcel. Solo así podremos proteger nuestros recursos naturales y evitar tragedias mayores”, concluyó.
