Secretaría de Desarrollo Rural de Tamaulipas confirmó que elementos de la Guardia Nacional realizaron cobros indebidos a sorgueros en el punto carretero La Yesca, en la ruta de Valle Hermoso a San Fernando
Por: El Mañana de Reynosa
El secretario de Desarrollo Rural (Sader) de Tamaulipas, Antonio Varela Flores, confirmó que se presentaron actos de extorsión por parte de elementos de la Guardia Nacional (GN) contra productores agrícolas del norte del estado.
Explicó que los hechos ocurrieron en el punto carretero conocido como La Yesca, en la ruta de Valle Hermoso a San Fernando, donde varios sorgueros denunciaron haber sido detenidos y forzados a pagar sumas indebidas para continuar con el traslado de sus cosechas.
Según detalló el funcionario, desde que la Secretaría tuvo conocimiento del problema se actuó de inmediato, en coordinación con la Secretaría General de Gobierno y la propia Guardia Nacional, con el objetivo de frenar las presuntas extorsiones.
Si es que eso ocurrió, ya no va a pasar, porque ya no se les va a molestar, se les va a permitir hacer su trabajo” Antonio Varela Flores El secretario de Desarrollo Rural
Los productores afectados transportaban su sorgo en camiones de carga pesada, muchos de los cuales presentan características irregulares al contar con placas federales estadounidenses, debido a que fueron adquiridos como vehículos usados en el extranjero. Esta situación fue aprovechada como argumento por algunos elementos de la GN para detenerlos y condicionar su libre tránsito.
“El favor que pedimos es que nos permitan mover esos camiones en estas épocas”, explicó el funcionario, al referirse a los vehículos utilizados durante el periodo de cosecha.
Añadió que, por lo general, estas unidades sólo se usan durante la temporada agrícola, por lo que su circulación es temporal y se concentra en una venta de pocas semanas.
El titular de Sader subrayó que la intervención fue inmediata tras recibir las quejas, y que el coordinador de la Guardia Nacional en Tamaulipas mostró disposición total para resolver el problema.
“El coordinador estuvo totalmente de acuerdo, entonces, se paró inmediatamente eso”, afirmó.
El punto de revisión se había instalado únicamente en Las Yescas y fue el único sitio del cual se recibió una denuncia formal ante la dependencia estatal, y aunque Varela Flores dijo desconocer el número exacto de productores afectados, puntualizó que con una sola denuncia bastó para emprender acciones y detener los actos de hostigamiento.
Varela Flores hizo un llamado enérgico a los productores agrícolas del estado para que denuncien cualquier acto de abuso o irregularidad por parte de autoridades, tanto de la Guardia Nacional como de otras corporaciones de seguridad y tránsito. “Es importante que lo hagan saber, porque sólo así podemos actuar de inmediato y proteger sus derechos como trabajadores del campo”, expresó.
Cabe recordar que en noviembre del 2024, el Senado de la República aprobó el decreto que reforma el artículo 19 de la Constitución en materia de Prisión Preventiva Oficiosa, entre los que se encuentra el delito de extorsión. Es decir, las personas que sean señaladas de cometer el delito de extorsión ingresarán en automático a la cárcel, sin previa autorización de un juez que justifique la medida cautelar.
La reforma amplió el catálogo de casos en los que el juez ordenará la prisión preventiva oficiosa, que incluye la “extorsión, delitos previstos en las leyes aplicables cometidos para la ilegal introducción y desvío, producción, preparación, enajenación, adquisición, importación, exportación, transportación, almacenamiento y distribución de precursores químicos y sustancias químicas esenciales, drogas sintéticas, fentanilo y derivados´´.
Mientras que el Código Penal de Tamaulipas establece que comete el delito de extorsión quien obligue “a otro a dar, hacer, dejar de hacer, o tolerar algo con ánimo de lucro, o con la intención de obtener un beneficio, cualquiera que este sea, u obteniéndolo para sí o para otro o causando un perjuicio patrimonial, moral o psicológico, a la identidad profesional o la imagen profesional, en contra de una persona o personas”.
Las sanciones van hasta los 10 años, pero si quien comete el delito es un servidor público, aumentará dos terceras partes. Es decir, aumentaría hasta los 17 años de prisión.
