Los alcaldes Michelle Wu, de Boston; Brandon Johnson, de Chicago; Mike Johnston, de Denver y Eric Adams, de Nueva York, comparecerán ante la Cámara de Representantes
Los republicanos en el Congreso están apuntando a cuatro ciudades —a menudo llamadas “ciudades santuario“— que limitan la cooperación de sus agencias policiales con las autoridades federales de inmigración, en una audiencia esta semana mientras el presidente Donald Trump avanza con su campaña de deportaciones masivas.
Los alcaldes Michelle Wu de Boston, Brandon Johnson de Chicago, Mike Johnston de Denver y Eric Adams de Nueva York comparecerán el miércoles ante la Comisión de Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes.
No hay una definición estricta para las políticas de santuario o las ciudades santuario, pero los términos generalmente describen una cooperación limitada con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Esta agencia aplica las leyes de inmigración de Estados Unidos a nivel nacional, pero busca ayuda estatal y local, particularmente para deportaciones a gran escala, solicitando que la policía y los alguaciles les alerten sobre las personas que desean deportar y las retengan hasta que las autoridades federales tomen custodia.
Sin embargo, algunas ciudades y estados afirman que la cooperación con el ICE inhibe a las personas que están ilegalmente en el país de declarar como testigos en casos de crímenes. Y, a distintos niveles, las autoridades municipales quieren que sus localidades sean lugares acogedores para los inmigrantes.
Los tribunales han respaldado repetidamente la legalidad de la mayoría de las leyes santuario. Pero el gobierno de Trump ha atacado las políticas de santuario desde el principio de su segundo mandato, viéndolas como un obstáculo para deportar a las personas masivamente. La administración ha demandado a Chicago e Illinois, así como al estado de Nueva York, por diversas leyes de inmigración.
A continuación, un vistazo a las políticas de inmigración y las tendencias migratorias de las ciudades cuyos alcaldes comparecerán el miércoles: Boston
La Ley de Confianza de la ciudad generalmente restringe cuánto puede cooperar la policía con el ICE, aunque permite cierta cooperación con una división llamada Investigaciones de Seguridad Nacional en cuestiones como la lucha contra la trata de personas o el tráfico de drogas y armas.
La ciudad también debe acatar un fallo de 2017 del tribunal más alto del estado que prohíbe a las autoridades de Massachusetts retener a una persona que de otro modo tendría derecho a ser liberada únicamente basándose en una solicitud federal.
Esas solicitudes típicamente piden a las agencias federales, estatales, locales y tribales que den al menos 48 horas de aviso antes de que los inmigrantes sospechosos sean liberados de la cárcel —o que los retengan hasta 48 horas después de que normalmente serían liberados para que el ICE pueda recogerlos, de lo contrario, éste debe salir a la comunidad para arrestarlos.
