La Fiscalía de Tamaulipas ejecutó la orden de aprehensión contra dos ex policías presuntamente implicadas en las masacres de 27 personas en Camargo y Nuevo Laredo.
Las capturas están relacionadas con la muerte de 19 migrantes en Camargo, en 2021, y de ocho personas en Valles de Anáhuac, Nuevo Laredo, en 2019; una de las detenidas fue identificada como "La China" o "La Sheena".
La Fiscalía informó que las órdenes de aprehensión fueron cumplimentadas el 26 de octubre de 2026, en operativos realizados en Altamira y Tampico.
Una de las detenidas fue identificada como Berenice "N", alias "La China" y/o "La Sheena", exintegrante del extinto Grupo de Operaciones Especiales (Gopes) de la Policía Estatal; la segunda es Edith "N", señalada por su probable responsabilidad en cuatro delitos relacionados con los hechos ocurridos en Nuevo Laredo.
Ambos casos se remontan a episodios que generaron críticas sobre la actuación de corporaciones de seguridad y que derivaron en investigaciones penales, denuncias de familiares y exigencias de esclarecimiento.
Berenice "N" es investigada por su probable participación en el delito de homicidio calificado, en agravio de 19 personas de distintas nacionalidades cuyos cuerpos fueron encontrados calcinados en el municipio fronterizo de Camargo, en enero de 2021.
Detalles confirmados
En tanto, Edith "N" fue detenida por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad, falsedad en informes dados a una autoridad y allanamiento de morada, dentro de la investigación por la muerte de ocho personas en septiembre de 2019, en la colonia Valles de Anáhuac, en Nuevo Laredo.
La Fiscalía estatal señaló que las dos mujeres quedaron a disposición de las autoridades competentes para continuar con los procedimientos legales correspondientes.
El caso de Camargo se remonta al 22 de enero de 2021, cuando fueron localizados 19 cuerpos calcinados en el ejido Santa Anita, en una zona fronteriza de Tamaulipas; las víctimas eran 17 personas migrantes, originarias de Guatemala y El Salvador, y dos mexicanos.
Las investigaciones establecieron que las víctimas fueron asesinadas a tiros y posteriormente sus cuerpos fueron incendiados, poniendo bajo la lupa la actuación de los GOPES, cuerpo especial creado para debilitar a grupos criminales en la frontera de Tamaulipas, pero se vieron involucrados por su participación directa en los hechos y a las maniobras realizadas para alterar la escena del crimen.
En octubre de 2023, doce policías estatales fueron sentenciados por su participación en el caso; once recibieron penas de 50 años de prisión por homicidio calificado y otros delitos, mientras que un elemento fue condenado a 19 años por abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia.
La Fundación para la Justicia señaló en enero de 2026 que las familias de las víctimas continuaban sin recibir una reparación integral del daño y que aún faltaba esclarecer aspectos como la cadena de mando, los motivos de los asesinatos y la posible responsabilidad de otros funcionarios.
Irregularidades policiales
El segundo caso corresponde a los hechos del 5 de septiembre de 2019 en la colonia Valles de Anáhuac, en Nuevo Laredo, donde murieron ocho personas: cinco hombres y tres mujeres.
En un primer momento, las autoridades presentaron el episodio como un enfrentamiento entre policías estatales y presuntos integrantes de un grupo criminal.
Sin embargo, familiares de las víctimas y el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo cuestionaron esa versión y denunciaron que algunas personas habían sido sacadas de sus domicilios, trasladadas a otro inmueble y asesinadas, para después simular un enfrentamiento.
En septiembre de 2019, la Secretaría de Gobernación informó que familiares de las víctimas habían solicitado la intervención de la Fiscalía General de la República, ante su desconfianza en las investigaciones locales.
Posteriormente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos documentó irregularidades graves en la actuación policial. En su Recomendación 173VG/2024, la CNDH estableció que el informe policial presentado sobre los hechos carecía de veracidad y concluyó que no ocurrió el enfrentamiento descrito originalmente. De acuerdo con el organismo, agentes estatales sustrajeron a varias víctimas de dos domicilios y las trasladaron a un tercero, donde perdieron la vida.
Las denuncias también apuntaron a la posible manipulación de la escena para presentar a las víctimas como integrantes de un grupo delictivo. Estos señalamientos colocaron bajo escrutinio la actuación de elementos vinculados al entonces Centro de Análisis, Inteligencia y Estudios de Tamaulipas (CAIET), antecedente del grupo policial conocido posteriormente como GOPES.
