La semana pasada, en la Cámara de Diputados, se nos pidió —con razón— que votáramos por diferir la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares hasta 2031. 

Digo —con razón—, pero no por las mejores razones. El aplazamiento responde a la incapacidad, impericia y parcialidad de las judicaturas locales, contagiadas con el veneno de la reforma judicial de Morena, así como con su pésima instrumentación.

Este Código busca establecer reglas comunes para impartir justicia en todo el país en dos materias que afectan directamente la vida cotidiana: la civil y la familiar. Su aplicación requiere preparación y capacidad institucional. Si hoy hacen falta más tiempo y mejores condiciones para implementarlo, debemos preguntarnos cómo llegamos a este punto y quiénes son responsables de que la justicia local no esté preparada. Aplazar su entrada en vigor no resuelve por sí mismo esos problemas.

Como evidencia de lo anterior, la Unión Internacional de Magistrados (UIM), organización que reúne a asociaciones judiciales de distintos países, decidió retirar la membresía a la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (Conatrib), organismo que agrupa a los 32 Poderes Judiciales locales de nuestro país. Los motivos que llevaron a la expulsión de la Conatrib, alguna vez con prestigio, fueron verdaderamente de pena ajena.

Desde hace tiempo, la UIM ya tenía presente la situación en México. La jueza Adriana Orocú, presidenta del Grupo de análisis iberoamericano y vicepresidenta de la UIM, ya había respondido a la Conatrib con señalamientos contundentes.

La juez sostuvo que la organización mexicana "ha incumplido los deberes de apoliticidad e independencia frente a los poderes Ejecutivo y Legislativo".

En su escrito de defensa, el presidente de la Conatrib, Rafael Guerra, intenta esconderse como si se tratara de un asunto federal cuando miles de juzgadores fueron masivamente despedidos de las judicaturas locales.

La supuesta defensa no surtió efectos. Al contrario, la propia jueza Orocú les dijo que en ese escrito no negaron ni rechazaron los señalamientos de falta de independencia y que solo se limitaron a "afirmar que los poderes judiciales estatales participaron en espacios de diálogo y aportaron propuestas técnicas, experiencias prácticas y visiones institucionales". Sin embargo, concluyó que esa afirmación era "insuficiente y reveladora". Con la respuesta o supuesta defensa del Conatrib, México hizo el ridículo; su defensa solo fue "reveladora" de la cobardía de haber aceptado y respaldado públicamente el proyecto en una clara alineación con el Poder Ejecutivo.

El contraste con la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) es evidente: sí empleó esos espacios para advertir, cuestionar y oponerse a los riesgos de la reforma judicial. Y, por supuesto, muchos de ellos aún siguen sufriendo las consecuencias de su valentía.

Si acaso hay algo bueno en posponer la entrada en vigor de este Código, es que retiramos de las manos de los vasallos del oficialismo la posibilidad de instrumentarlo, que es una reforma relevante, especialmente en términos de debido proceso en materias delicadas y de enorme influencia en el bienestar de la población.

Esperemos que para 2031 las condiciones hayan cambiado radicalmente, se haya revertido la nefasta reforma judicial y podamos aspirar a judicaturas independientes y dignificantes de la justicia, tanto en lo local como en lo federal y México tenga un nuevo rumbo, más digno.

@Mzavalagc