Las investigaciones abiertas contra elementos de la Guardia Estatal por su presunta participación en un caso de extorsión serán seguidas de cerca por el Congreso del Estado, informó el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Poder Legislativo, Marco Gallegos, quien subrayó que el proceso debe desarrollarse con total apego a la legalidad, transparencia e imparcialidad.
¿Qué acciones tomará el Congreso sobre la extorsión?
Gallegos enfatizó que quienes integran las corporaciones de seguridad tienen la obligación de desempeñar sus funciones bajo los principios de legalidad, honestidad y respeto a los derechos humanos, por lo que cualquier conducta irregular debe investigarse de manera exhaustiva y, en caso de acreditarse responsabilidades, sancionarse conforme a la ley.
Explicó que corresponde a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas y a la Dirección de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública esclarecer los hechos y determinar, con base en las pruebas recabadas, si existe responsabilidad de los elementos señalados.
Detalles sobre la investigación de la Guardia Estatal
El legislador señaló que el Poder Legislativo permanecerá atento al avance de las indagatorias para verificar que se respeten el debido proceso, la transparencia y las garantías de acceso a la justicia para las personas presuntamente afectadas.
"Nadie puede estar por encima de la ley. Un servidor público está contratado y capacitado para brindar seguridad; la Fiscalía ya tiene el tema y también Asuntos Internos de la propia Secretaría. Nosotros estaremos muy al pendiente de que se actúe con justicia y que quienes han sido afectados presuntamente sean atendidos y reciban resultados a la brevedad posible", expresó.
Reacciones de Marco Gallegos ante el caso de extorsión
El diputado afirmó que la confianza de la ciudadanía en las instituciones depende de que las denuncias contra servidores públicos sean atendidas con firmeza, imparcialidad y transparencia, especialmente cuando involucran a quienes tienen la responsabilidad de proteger a la población.
