La Secretaría de Obras Públicas admitió, en un diagnóstico oficial, que la presencia del crimen afecta la ejecución de infraestructura mediante extorsiones, cobros ilegales e intimidación
Por: El Mañana de Reynosa
La Secretaría de Obras Públicas reconoció que la presencia de grupos delictivos impacta en la ejecución de obras en diversos municipios.
¿Cómo afecta el crimen a las obras públicas?
En el informe “Diagnóstico Programa Supervisión e inspección de obra pública 2026” se cataloga a los grupos delictivos como “adversarios” que tienen como objetivo “obtener ganancias económicas mediante extorsión, cobros ilegales o apropiación indebida de recursos”, lo que se traduce en una interferencia constante en el desarrollo de infraestructura en diferentes municipios.
Además del impacto económico, el diagnóstico señala que estas acciones “generan riesgos para la seguridad, tanto de trabajadores como de comunidades”, al propiciar escenarios de violencia, intimidación y disputas territoriales que obstaculizan el desarrollo de los proyectos.
La propia Secretaría de Obras Públicas reconoce que estos grupos cuentan con una “alta” capacidad para defender sus intereses, lo que incrementa el nivel de riesgo en la ejecución de obras estratégicas.
Consecuencias de la inseguridad en la infraestructura
A la presión del crimen se suman debilidades dentro del propio sistema de supervisión de obra pública. El diagnóstico admite que actualmente existen “deficiencias en la planeación de los proyectos, incumplimientos recurrentes de la normativa aplicable y limitaciones en la formación y capacidad técnica del personal encargado de la supervisión”.
Estas condiciones dificultan detectar irregularidades a tiempo y limitan la capacidad de reacción durante la ejecución de las obras, lo que deriva en fallas acumuladas que impactan en costos, tiempos y calidad. También se reconoce que los mecanismos implementados en los últimos años para el seguimiento y control de obras “resultan insuficientes frente a la complejidad de los retos existentes”.
En ese contexto, la supervisión técnica no solo enfrenta una alta carga de trabajo, sino también la falta de herramientas, criterios “homogéneos” y personal especializado para hacerle frente al problema.
El documento advierte que la combinación de inseguridad e ineficiencia por parte de Obras Públicas puede derivar en consecuencias graves para la infraestructura estatal. Entre los principales efectos se encuentran la “suspensión de obras”, el “deterioro de la imagen institucional”, así como “observaciones y sanciones por parte de órganos fiscalizadores”.
A esto se suma el riesgo de una menor vida útil de las obras, derivada de deficiencias en su ejecución, lo que implica un uso ineficiente de recursos públicos. El impacto también alcanza el ámbito social, ya que se genera desconfianza en las instituciones y se debilita la cohesión comunitaria al no concretarse proyectos necesarios para el desarrollo.
El diagnóstico establece que el problema viene desde la planeación de las obras, donde no siempre se consideran los tiempos reales para la elaboración de proyectos, licitación, contratación y construcción. Por ello, se plantea la necesidad de anticipar la integración del programa anual de infraestructura y mejorar la coordinación entre áreas como Proyectos, Licitaciones y Construcción.
Deficiencias en la supervisión de obras públicas
El documento subraya que la falta de sincronía entre estas áreas puede derivar en retrasos, incrementos presupuestales y ajustes durante la ejecución de las obras. Asimismo, se destaca la importancia de fortalecer la supervisión mediante visitas constantes a los sitios de trabajo y la elaboración de informes que permitan dar seguimiento puntual al avance de cada proyecto.
A pesar de este panorama, Obras Públicas proyecta un incremento en la ejecución de obra pública en los próximos años. Para 2026 se prevé la ejecución de 269 contratos, cifra que aumentará a 277 en 2027, 285 en 2028 y 294 en 2029.
Sin embargo, el propio diagnóstico advierte que no se cuenta con el personal ni el presupuesto suficiente para supervisar adecuadamente este volumen de obras, lo que “pone en riesgo su operatividad al 100 por ciento”. El retraso o cancelación de obras implica menor acceso a infraestructura básica, servicios y conectividad, lo que impacta en la calidad de vida y en el desarrollo económico de las regiones.
