Contraloría Gubernamental de Tamaulipas informó que 33 exservidores públicos se negaron a informar sus propiedades al concluir su cargo, mientras que 21 están implicados en celebración de contratos fuera de la Ley de Servidores Públicos
La Contraloría Gubernamental de Tamaulipas inhabilitó a 54 exfuncionarios para ejercer cargos públicos al negarse a presentar sus declaraciones patrimoniales cuando concluyeron su encargo y por celebrar contratos con irregularidades en los que se presumen actos de corrupción.
La contralora Norma Angélica Pedraza Melo explicó que 33 exservidores públicos se negaron a informar con cuántas propiedades cuentan en el país y en el extranjero, vehículos, negocios y sus ingresos anuales cuando dejaron su encargo, a pesar de ser una obligación para analizar la evaluación de su patrimonio y determinar si estuvieron implicados en presuntos delitos de enriquecimiento ilícito.
Mientras que 21 actuaron fuera de la Ley de Servidores Públicos al estar implicados en la celebración de contratos por compras, adquisiciones, proveedurías de bienes y servicios, contratación de personal y otras inconsistencias, en los que podrían estar implicados actos de corrupción y se encuentran en investigación.
Además de las inhabilitaciones, 26 servidores públicos recibieron amonestaciones por omitir su declaración patrimonial. Pedraza Melo explicó que las sanciones se aplican de manera gradual, comenzando con un llamado de atención y aumentando en caso de reincidencia.
“Si incurres en una falta administrativa por primera vez, es una amonestación. Si reincides, es pública. Si vuelves a reincidir, es suspensión, luego destitución y, finalmente, inhabilitación”, detalló.
Para evitar estas omisiones, la Contraloría implementará en 2025 un programa de sensibilización y exhortos dirigidos a los servidores públicos del Poder Ejecutivo. También se instalarán módulos de atención en dependencias con mayor número de trabajadores, como educación, salud y seguridad pública.
“Vamos a seguir exhortando y sensibilizando a los servidores públicos a cumplir con esta obligación”, aseguró la contralora.
LA RUTA DE LA CORRUPCIÓN
La Contraloría ha presentado 17 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) contra exfuncionarios involucrados en presuntos daños al erario público.
“Hay varias carpetas de investigación en proceso. Se han presentado cinco denuncias a la Fiscalía General de la República y 12 a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción”, informó Pedraza Melo.
Hasta ahora, se ha logrado recuperar 1.27 millones de pesos en sanciones administrativas y se ha dictado una inhabilitación de 10 años contra un exfuncionario, quien deberá reintegrar 1.3 millones de pesos al erario, sin precisar el nombre y el cargo que ocupaba.
La funcionaria recordó que, al inicio de la administración, se identificaron mil 19 expedientes de presunta responsabilidad administrativa con actividad procesal lenta, algunos de los cuales ya prescribieron.
“Detectamos una actividad procesal lenta en muchos casos, por lo que abrimos expedientes contra quienes dejaron prescribir estos temas”, indicó.
