El Instituto de Defensoría Pública de Tamaulipas (IDPET) acercó servicios jurídicos a personas adultas mayores privadas de la libertad en El Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Reynosa, donde especialistas revisaron sus expedientes y situación procesal para garantizarles una defensa técnica, gratuita y apegada al debido proceso.
Acciones de la autoridad en el CEDES de Reynosa
Durante la jornada, encabezada por la directora general del IDPET, Roxana Guerrero Galván, fueron atendidas individualmente personas adultas mayores, como parte de las acciones emprendidas para fortalecer el acceso a la justicia y brindar atención directa a sectores en condición de vulnerabilidad.
Guerrero Galván supervisó directamente la atención proporcionada a las personas privadas de la libertad, con el objetivo de garantizar que cuenten con una defensa técnica, gratuita y apegada al debido proceso.
En el CEDES de Reynosa, la titular del instituto, acompañada por la coordinadora regional Claudia Sánchez Rocha y defensores públicos, atendió de manera individual a 10 personas adultas mayores, revisando sus expedientes y brindando orientación sobre su situación jurídica. La jornada contó con la colaboración del director del centro penitenciario, José de Jesús Martínez Alvarado.
La jornada permitió orientar a los internos sobre su situación jurídica y dar seguimiento a sus procesos.
Atención jurídica en el CEDES de Matamoros
Posteriormente, en el CEDES de Matamoros, se brindó atención jurídica a 30 personas adultas mayores, mediante la revisión de sus causas procesales y el seguimiento por parte del equipo jurídico de la Coordinación Regional. En estas actividades se contó con la colaboración de la directora del centro penitenciario, Romana López Vega.
La directora destacó que estas acciones permiten fortalecer la presencia de la defensoría pública y garantizar que ninguna persona quede fuera del acceso a la justicia.
Prioridad en la defensa de adultos mayores privados de libertad
"Para el Instituto, la protección de los derechos de las personas adultas mayores privadas de la libertad, es una prioridad. Mantener una atención directa nos permite conocer sus necesidades, dar seguimiento a sus procesos y garantizar una defensa jurídica digna y de calidad", señaló López Vega.
