HOUSTON, Texas.- Congresistas, activistas y la propia familia del inmigrante mexicano atropellado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) denuncian que Miguel Parra Hernández, aún hospitalizado y vigilado por funcionarios de la misma agencia federal que lo arrolló, no tiene acceso a reuniones privadas con sus abogados o su familia, a higiene básica o a la información sobre su propia condición médica.
"Se encuentra atrapado en un centro de rehabilitación. Custodiado día y noche por agentes del ICE y por personal de seguridad privada de la empresa GEO Group" (encargada de la gestión de los centros de detención del ICE), denunció en su cuenta de X el representante por Texas Joaquín Castro. El congresista sumó que se le niega atención adecuada, así como el acceso a condiciones básicas de higiene para bañarse.
Para Castro, el trato que Parra Hernández ha recibido "equivale a tortura", escribió.
El 10 de octubre pasado, Miguel Parra Hernández, de 48 años, manejaba en Houston un vehículo que los agentes del ICE perseguían. En medio de una avenida, el inmigrante se bajó del auto y corrió, y en la huida fue atropellado por los funcionarios con la camioneta Jeep Grand Cherokee que manejaban. Ni Parra ni las personas que le acompañaban eran los sospechosos en la mira de los agentes. Luego se supo que el ICE buscaba a un hombre que había fallecido hace nueve años de nombre José Mendoza Cervantes.
Tras el golpe, el inmigrante sufrió fracturas en la cadera y la pierna y tuvo que ser operado. La agencia federal lo ha mantenido desde entonces bajo su custodia, primero en un hospital y ahora, en un centro de rehabilitación en Houston.
La denuncia del representante Castro es una más entre varias voces. La semana pasada, Lina Hidalgo, jueza del condado Harris, el más grande de Houston por su tamaño y población, catalogó en su cuenta de Facebook como una lista de "reglas arbitrarias" las que el ICE aplica contra Miguel Parra Hernández.
Mencionó que ni sus abogados ni especialistas en salud mental han tenido acceso a reuniones en privado -sin la presencia de agentes del ICE- con Parra, y que les han limitado el tiempo de conversación.
Hidalgo también dijo que los funcionarios estuvieron presentes en el quirófano mientras Parra era operado y que ni él ni su familia han tenido acceso adecuado a sus registros médicos. "Él mismo no entiende cuál es el estatus de su recuperación", señaló la jueza.
En una rueda de prensa anterior, César Espinosa, director de la organización de apoyo a los inmigrantes FIEL Houston, denunció que Parra se encuentra incluso en condiciones más restrictivas que los propios detenidos en centros del ICE.
EL PAÍS intentó sin éxito entrevistar a Kim Bruno, la abogada de inmigración de Parra.
En su respuesta a un correo electrónico con preguntas, un vocero del ICE desmintió las acusaciones de las autoridades tejanas y aseguró que Parra "está siendo tratado en una instalación médica civil por personal médico civil" y que el ICE "no toma decisiones médicas, sobre el tratamiento ni interfiere con el criterio de doctores, enfermeras o del personal del hospital".
EL PAÍS también consultó al Consulado de México en Houston sobre la respuesta de las autoridades federales en la custodia de Parra, pero habían respondido hasta el cierre de esta historia. En octubre, el Gobierno de Claudia Sheinbaum presentó varias denuncias en cortes de Estados Unidos por la muerte de casi una veintena de sus ciudadanos mientras se encontraban en custodia del ICE.
